sábado, enero 24, 2015

La Pah acusa al ayuntamiento de Madrid de especular con las VPO

A raiz de un desahucio a una familia ecuatoriana con un bebe de un piso de alquiler protegido que el ayuntamiento de Madrid vendio a un fondo buite surge un nuevo conflicto entre la plataforma de afectados por la hipoteca y el ayuntamiento de Madrid .

     LOS DETALLES DE LA NOTICIA PUBLICADA EN EL PAIS DE HOY

Wilson Ruilova no se queda, ni tampoco su pareja, Cecilia Paredes, ni sus tres hijos varones, Andrés, de 16 años; Miguel, de 7; y Dilan, un bebé de apenas mes y medio de vida, a pesar de la movilización de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid (PAH) y de Stop Desahucios, que habían lanzado una campaña bajo el lema #WilsonseQueda para tratar de impedir el desahucio de esta familia de ecuatorianos. Hasta hoy, vivían en un piso público en el distrito Villa de Vallecas de Madrid que fue vendido a un fondo de inversión y su desalojo ha sido llevado a cabo esta mañana sin incidentes. El Ayuntamiento sostiene que les ofreció ayuda, pero que ellos la rechazaron porque van a mudarse a Parla, extremo que niega rotundamente la PAH.
Feli Velázquez y Cristina Escribano, miembros de la plataforma y que han pasado la noche en la vivienda junto a la familia afectada y a una treintena de activistas, cuenta por teléfono a EL PAÍS que Wilson y Cecilia, de 43 y 35 años, accedieron a una vivienda pública de la EMVS [Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid] en régimen de alquiler hace unos tres años, cuando el mundo era otro y trabajaban los dos, "él en la construcción y ella, en lo que le salía".
Cecilia da de comer a Dilan durante la noche, a la espera del desahucio. / PAH MADRID
"La familia hacía frente sin problemas a un alquiler social hasta que los dos se quedaron sin trabajo y su casa pasó al fondo buitre". Velázquez se refiere a la venta por parte del Ayuntamiento de Madrid de 1.860 viviendas sociales de la EMVS a Fidere, la filial española del fondo de inversión Blackstone, en julio de 2013 por 128,5 millones de euros. "Fidere compra para especular, la vivienda deja de tener el fin social y les triplican el alquiler hasta los 700 euros", denuncian las activistas.
"Ellos no se negaban a pagar, pero pedían un alquiler de acuerdo a sus posibilidades [sus únicos ingresos son un subsidio de 341 euros al mes] para ir pagando la deuda cuando mejorara su situación económica", añade Velázquez, que relata las gestiones hechas parar el desalojo. "Lo logramos parar dos veces pero a la tercera los han echado. Hemos tratado de negociar con el Ayuntamiento para que les dieran una vivienda social de especial necesidad y nada, no les han dado ninguna solución, ni han respondido, Fidere nos ha dicho que no es Cáritas y que había comprado los pisos para ganar dinero", se lamenta. 
"Durante toda la noche ha habido policías patrullado y a las seis de la mañana se han presentado siete furgonas de antidisturbios y unos 50 agentes", critica Velázquez, que considera que semejante despliegue policial "supera en gastos la deuda que tiene la familia, de apenas unos 3.000 euros". Mientras, a las puertas del edificio, un bloque de 18 plantas situado en el número 68 de la avenida de Las Suertes, unas cien personas de la Asamblea de Vallecas y de la PAH se habían concentrado para ayudar a la familia. Del piso 12, el de la familia de Wilson, colgaba una gran bandera verde de Stop Desahucios.
Cecilia Paredes y Wilson Ruilova, con Dilan en la furgoneta del Samur Social. / Andres Kudacki (AP)
"El lanzamiento estaba fijado para las nueve y media, a las nueve han subido por la escalera y en media hora estábamos todos fuera", añade Escribano, que denuncia el uso de mazas, arietes y radiales y que una compañera ha resultado herida en la muñeca al tirar la puerta abajo. Por su parte, la Jefatura Superior de Policía sostiene que el despliegue ha sido "el habitual en estos casos por prevención" y señala que no se han producido ni incidentes, ni heridos ni detenidos.
"La policía ha usado mucha violencia, hemos intentado hablar con ellos porque hay un bebé, Dilan, que es como el hijo de todos, hace mucho frío, pedíamos que los niños terminaran el periodo escolar, pero no nos han hecho ningún caso", relata Velázquez. "No hemos podido hacer nada, iban equipados hasta las orejas y han llegado como si fueran a detener a unos terroristas", continúa con impotencia Velázquez, que siente "mucha indignación". ¿Qué va a ser de la familia? "Se los ha llevado el Samur Social unos días a un hotel. Lo que no resuelven los poderes públicos lo resolveremos los movimientos sociales, mientras haya casas vacías no dejaremos a esta familia en la calle", sentencia.

                   En declaraciones a Europa Press, el abogado de la familia, el miembro de la PAH Manuel San Pastor, habla de "terrorismo social" al ver "cómo un bebé de un mes y medio lloraba porque 50 antidisturbios entraban armados". "Consideramos que el Ayuntamiento de Madrid está aplicando una política que vulnera de forma sistemática los derechos más fundamentales", asegura.
Un portavoz de Fidere niega que se le haya triplicado el alquiler, asegura que el cambio de titularidad de la vivienda no ha supuesto ninguna modificación de las condiciones y sostiene que han ofrecido a la familia, con la que mantienen un "diálogo permanente", opciones que han rechazado. "El contrato de arrendamiento con opción a compra que firmó Wilson en 2011 por siete años es de 508 euros al mes más 50 de comunidad y dicho contrato es el que ha permanecido en vigor, no se ha modificado en ningún aspecto". También sostiene que esta familia dejó de pagar en 2012, un año antes de que Fidere adquiriera la vivienda, y que en marzo de 2014, "ante lo abultado de la deuda, que asciende a más de 16.000 euros", le ofrecieron una vivienda más barata, pero la familia se negó a mudarse y le pidieron que no se iniciara ninguna acción hasta el verano, cuando los niños acabaran el colegio, a lo que la empresa accedió. Según la versión de Fidere, el inquilino prometió irse "porque iba a montar algo en Parla". Sin embargo, después fue con el abogado de la PAH a decirles que habían cambiado de opinión y que no se irían hasta que los echaran, "con lo que ganaban un año más sin pagar". "Y esta es la situación que finaliza a día de hoy", remacha el portavoz.
Por su parte, una portavoz de la EMVS se ha limitado a responder que el Ayuntamiento de Madrid "ofreció sus recursos sociales a Wilson Mauricio Ruilova, que dijo estar a punto de abrir un negocio en Parla y afirmó querer trasladarse a esa localidad".
La delegada de Urbanismo y Vivienda del Consistorio, Paz González, con quien este diario también ha solicitado hablar, ha asegurado que le preocupan estas situaciones y ha reiterado que el Ayuntamiento ofreció a los afectados sus recursos para evitar el desamparo, pero que los han rechazado, informa Europa Press. La delegada ha explicado que comparte la "misma sensibilidad" que la oposición, no obstante se debe "respetar" la decisión de los afectados. Preguntada al respecto, Escribano ha dicho que es "total y absolutamente mentira" que Wilson vaya abrir un negocio "ni en Parla ni en Cuenca ni en Guadalajara". "¿Con qué dinero van a abrir un negocio, pero con qué dinero?", se pregunta muy enojada con "las mentiras habituales del Ayuntamiento, que lanza para desprestigiar a los necesitados".

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