LOS DETALLES DE LA NOTICIA PUBLICADA EN EL PAIS DE HOY
Wilson Ruilova no se queda, ni tampoco su pareja, Cecilia Paredes, ni sus tres hijos varones, Andrés, de 16 años; Miguel, de 7; y Dilan, un bebé de apenas mes y medio de vida, a pesar de la movilización de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid (PAH) y de Stop Desahucios, que habían lanzado una campaña bajo el lema #WilsonseQueda
para tratar de impedir el desahucio de esta familia de ecuatorianos.
Hasta hoy, vivían en un piso público en el distrito Villa de Vallecas de
Madrid que fue vendido a un fondo de inversión y su desalojo ha sido
llevado a cabo esta mañana sin incidentes. El Ayuntamiento sostiene que
les ofreció ayuda, pero que ellos la rechazaron porque van a mudarse a
Parla, extremo que niega rotundamente la PAH.
Feli Velázquez y Cristina Escribano, miembros de la
plataforma y que han pasado la noche en la vivienda junto a la familia
afectada y a una treintena de activistas, cuenta por teléfono a EL PAÍS
que Wilson y Cecilia, de 43 y 35 años, accedieron a una vivienda pública
de la EMVS [Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid] en régimen
de alquiler hace unos tres años, cuando el mundo era otro y trabajaban
los dos, "él en la construcción y ella, en lo que le salía"."La familia hacía frente sin problemas a un alquiler social hasta que los dos se quedaron sin trabajo y su casa pasó al fondo buitre". Velázquez se refiere a la venta por parte del Ayuntamiento de Madrid de 1.860 viviendas sociales de la EMVS a Fidere, la filial española del fondo de inversión Blackstone, en julio de 2013 por 128,5 millones de euros. "Fidere compra para especular, la vivienda deja de tener el fin social y les triplican el alquiler hasta los 700 euros", denuncian las activistas.
"Ellos no se negaban a pagar, pero pedían un alquiler de acuerdo a sus posibilidades [sus únicos ingresos son un subsidio de 341 euros al mes] para ir pagando la deuda cuando mejorara su situación económica", añade Velázquez, que relata las gestiones hechas parar el desalojo. "Lo logramos parar dos veces pero a la tercera los han echado. Hemos tratado de negociar con el Ayuntamiento para que les dieran una vivienda social de especial necesidad y nada, no les han dado ninguna solución, ni han respondido, Fidere nos ha dicho que no es Cáritas y que había comprado los pisos para ganar dinero", se lamenta.
"Durante toda la noche ha habido policías patrullado y a las seis de la mañana se han presentado siete furgonas de antidisturbios y unos 50 agentes", critica Velázquez, que considera que semejante despliegue policial "supera en gastos la deuda que tiene la familia, de apenas unos 3.000 euros". Mientras, a las puertas del edificio, un bloque de 18 plantas situado en el número 68 de la avenida de Las Suertes, unas cien personas de la Asamblea de Vallecas y de la PAH se habían concentrado para ayudar a la familia. Del piso 12, el de la familia de Wilson, colgaba una gran bandera verde de Stop Desahucios.
"El lanzamiento estaba fijado para las nueve y media, a las nueve han subido por la escalera y en media hora estábamos todos fuera", añade Escribano, que denuncia el uso de mazas, arietes y radiales y que una compañera ha resultado herida en la muñeca al tirar la puerta abajo. Por su parte, la Jefatura Superior de Policía sostiene que el despliegue ha sido "el habitual en estos casos por prevención" y señala que no se han producido ni incidentes, ni heridos ni detenidos.
"La policía ha usado mucha violencia, hemos intentado hablar con ellos porque hay un bebé, Dilan, que es como el hijo de todos, hace mucho frío, pedíamos que los niños terminaran el periodo escolar, pero no nos han hecho ningún caso", relata Velázquez. "No hemos podido hacer nada, iban equipados hasta las orejas y han llegado como si fueran a detener a unos terroristas", continúa con impotencia Velázquez, que siente "mucha indignación". ¿Qué va a ser de la familia? "Se los ha llevado el Samur Social unos días a un hotel. Lo que no resuelven los poderes públicos lo resolveremos los movimientos sociales, mientras haya casas vacías no dejaremos a esta familia en la calle", sentencia.
En declaraciones a Europa Press, el abogado de la familia, el miembro de la PAH Manuel San Pastor, habla de "terrorismo social" al ver "cómo un bebé de un mes y medio lloraba porque 50 antidisturbios entraban armados". "Consideramos que el Ayuntamiento de Madrid está aplicando una política que vulnera de forma sistemática los derechos más fundamentales", asegura.
Un portavoz de Fidere niega que se le haya triplicado el
alquiler, asegura que el cambio de titularidad de la vivienda no ha
supuesto ninguna modificación de las condiciones y sostiene que han
ofrecido a la familia, con la que mantienen un "diálogo permanente",
opciones que han rechazado. "El contrato de arrendamiento con opción a
compra que firmó Wilson en 2011 por siete años es de 508 euros al mes
más 50 de comunidad y dicho contrato es el que ha permanecido en vigor,
no se ha modificado en ningún aspecto". También sostiene que esta
familia dejó de pagar en 2012, un año antes de que Fidere adquiriera la
vivienda, y que en marzo de 2014, "ante lo abultado de la deuda, que
asciende a más de 16.000 euros", le ofrecieron una vivienda más barata,
pero la familia se negó a mudarse y le pidieron que no se iniciara
ninguna acción hasta el verano, cuando los niños acabaran el colegio, a
lo que la empresa accedió. Según la versión de Fidere, el inquilino
prometió irse "porque iba a montar algo en Parla". Sin embargo, después
fue con el abogado de la PAH a decirles que habían cambiado de opinión y
que no se irían hasta que los echaran, "con lo que ganaban un año más
sin pagar". "Y esta es la situación que finaliza a día de hoy", remacha
el portavoz.
Por su parte, una portavoz de la EMVS se ha limitado a
responder que el Ayuntamiento de Madrid "ofreció sus recursos sociales a
Wilson Mauricio Ruilova, que dijo estar a punto de abrir un negocio en
Parla y afirmó querer trasladarse a esa localidad".
La delegada de Urbanismo y Vivienda del Consistorio, Paz González,
con quien este diario también ha solicitado hablar, ha asegurado que le
preocupan estas situaciones y ha reiterado que el Ayuntamiento ofreció a
los afectados sus recursos para evitar el desamparo, pero que los han
rechazado, informa Europa Press. La delegada ha explicado que comparte
la "misma sensibilidad" que la oposición, no obstante se debe "respetar"
la decisión de los afectados. Preguntada al respecto, Escribano ha
dicho que es "total y absolutamente mentira" que Wilson vaya abrir un
negocio "ni en Parla ni en Cuenca ni en Guadalajara". "¿Con qué dinero
van a abrir un negocio, pero con qué dinero?", se pregunta muy enojada
con "las mentiras habituales del Ayuntamiento, que lanza para
desprestigiar a los necesitados".MENSAJE DE NUESTRO PATROCINADOR NOSOLOPISOS.ES
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